TRATA DE PERSONAS
En los allanamientos a Remar detectaron a decenas de menores, ahora la Justicia ordenó ampliar la intervención
La mayoría de los niños estaban alojados junto a sus madres y ninguna de ellas aceptó ser externada de esos lugares. El juez Juan Maqueda dispuso garantizar que las víctimas no sean intimidadas ni objeto de represalias.
Mientras continúa la investigación en la ONG Remar, la última medida se conoció en el cierre de la semana y fue ordenada por el juez Federal en San Luis, Juan Esteban Maqueda.
El magistrado ordenó ampliar la intervención a fin de que los veedores garanticen que las víctimas no sean intimidadas ni objeto de represalias y puedan acceder a bienes y servicios esenciales.
Tras los 38 allanamientos que se concretaron el martes pasado, 498 personas fueron rescatadas de las distintas sedes en todo el país. De esa cantidad, 102 se encontraban en San Luis.
La causa, investigada por el fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid y sus pares Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex, tiene a siete personas imputadas. Sobre ellas, pesa una prohibición para salir del país.
En los procedimientos, detectaron a decenas de menores de edad que por lo general estaban alojados con sus madres.
Durante los allanamientos, ninguna de las mujeres aceptó ser externada de las sedes. Para esos casos, se dispuso el trabajo con equipos de asistencia en cada jurisdicción.
Remar es investigada por diferentes delitos, entre ellos, situaciones compatibles con reducción a la servidumbre, explotación laboral e irregularidades patrimoniales.
La medida más reciente de Maqueda establece que los veedores designados en cada sede deben tomar contacto con el Punto Focal respectivo de cada provincia.
Esto tiene como objetivo trabajar en la situación de quienes pidieron ser rescatados y también para “relevar de manera urgente los casos de salud que requieran de atención”.
“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes en el ámbito de sus respectivas competencias y en función de la problemática que se verifique respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos”, fijó Maqueda.
Además, hizo énfasis en que restan personas por declarar y por eso es fundamental “garantizar que no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de los imputados u otros encargados de los lugares”.
En el oficio N° 908, solicitó que los interventores den cuenta del “estado de situación de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se adopten o correspondiera adoptar”.
Maqueda resaltó “la extrema vulnerabilidad de las personas relevadas en los distintos establecimientos allanados” en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.